Archivo Turrialba Digital. Vacuna Covid19

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  • Se girará la instrucción de vacunarse a los funcionarios que rechacen la vacunación, quienes tendrán entre 5 y 10 días hábiles para cumplir la orden 
  • Una vez agotado el plazo, se afrontarían medidas disciplinarias como un procedimiento administrativo, una multa fija –un salario base– y denuncia ante el Ministerio Público 
  • Sector privado también podría optar medida
 

Los ministerios e instituciones del sector público deberán presentar el 5 de noviembre un informe sobre la vacunación de su personal, ante la entrada en vigencia el próximo viernes de la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios del sector público. 

La normativa también podrá ser aplicada por sector privado cuyos patronos decidan incorporar la vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo, Eso sí, tendrán que avisar a su personal la medida y actuar con base al código de trabajo. 

En la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de este martes, Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, detalló que el informe tendrá la cantidad de personal con esquema completo, la cantidad de personas con primeras dosis, la cantidad con certificado de contraindicación médica para esta inmunización y la cantidad de personas no vacunadas. 

Para ello, las entidades deberán verificar la vacunación de cada funcionario, así como la justificación médica de aquellas personas que tengan contraindicaciones. 

En cada entidad, los encargados del manejo y protección de la información serán los consultorios médicos o, en su ausencia, el Área de Salud pertinente; al Ministerio de la Presidencia solo llegarán datos generales sin detalles individuales ni sensibles. 

E Presidente de la República. Carlos Alvarado Quesada, instó a todos los jerarcas a persuadir a la gente y a hacer campañas de vacunación en las instituciones no solo para funcionarios, sino también para sus familias. “Nuestro objetivo es que la gente se vacune. Queremos cuidar a la población y que se vacunen para el beneficio de todas y todos”, explicó. 

La siguiente acción, si la campaña de sensibilización no funciona entre la población no vacunada del sector público, es que los jerarcas instruyan a cada persona para que se inmunice, para lo cual habrá entre 5 y 10 días hábiles para cumplir la orden. 

Luego de ese plazo, se impondrán medidas disciplinarias a quienes mantienen su renuencia a vacunarse sin una justificación válida. Sin ser excluyentes entre sí, las medidas podrían ser un procedimiento administrativo, una multa fija –un salario base, según estipula el artículo 378 de la Ley General de Salud– y una denuncia ante el Ministerio Público. 

Según gobierno la multa, si las personas no se inmunizan,   podría ser hasta de un salario base. 

 

TDN
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